Fernando Cordero Insistirá en beneficio de atención médica para hijos hasta 18 años.
Con la finalidad de corregir ciertas distorsiones en la Ley de Seguridad Social, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, indicó que en la sesión del jueves, donde se analice el segundo debate de las reformas a este cuerpo normativo, insistirá en su propuesta de que el beneficio de la atención médica para los hijos de los afiliados sea hasta los 18 años de edad.
Respecto a este tema, recordó que existe un acuerdo consensuado con el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González, para que los hijos de los afilados tengan atención médica hasta los 18 años. Actualmente es seis años de edad.
Resaltó que por efecto de la migración de compatriotas (tres millones de ecuatorianos) hay muchos abuelitos convertidos en papás y ellos necesitan, entre otras cosas una ayuda del Estado y del IESS para que esas enfermedades ocasionales de sus hijos adoptivos (nietos) se vean en este caso protegidos con la seguridad social.
Precisó que “no van haber afectaciones económicas graves al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, por ello, el titular del Consejo Directivo está absolutamente de acuerdo con esta propuesta, por tanto, la Asamblea Nacional no tiene ninguna razón para contra argumentar esto, que es humanamente complementario al salario y otra forma de compensación a las personas de la tercera edad y a los jubilados.
Se definen normas para designar Procurador y Superintendentes
La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante el cual se definen con claridad los procedimientos para la designación del Procurador General del Estado y de los Superintendentes de Bancos, de Compañías y de Telecomunicaciones.
Con ello, se determinó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las Superintendencias, de entre las ternas propuestas por la Presidenta o el Presidente de la República, luego del proceso de veeduría e impugnación ciudadana, correspondientes.
Según la reforma aprobada, las ternas propuestas estarán conformadas respetando la alternabilidad entre hombre y mujeres y bajo el principio de interculturalidad.
La propuesta alcanzó una votación de 64 votos afirmativos, 41 negativos, dos blancos y nueve abstenciones.
Ley de Servicio público no conculca derechos de militares y policias
Respecto a este tema, recordó que existe un acuerdo consensuado con el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González, para que los hijos de los afilados tengan atención médica hasta los 18 años. Actualmente es seis años de edad.
Resaltó que por efecto de la migración de compatriotas (tres millones de ecuatorianos) hay muchos abuelitos convertidos en papás y ellos necesitan, entre otras cosas una ayuda del Estado y del IESS para que esas enfermedades ocasionales de sus hijos adoptivos (nietos) se vean en este caso protegidos con la seguridad social.
Precisó que “no van haber afectaciones económicas graves al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, por ello, el titular del Consejo Directivo está absolutamente de acuerdo con esta propuesta, por tanto, la Asamblea Nacional no tiene ninguna razón para contra argumentar esto, que es humanamente complementario al salario y otra forma de compensación a las personas de la tercera edad y a los jubilados.
Se definen normas para designar Procurador y Superintendentes
Con ello, se determinó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las Superintendencias, de entre las ternas propuestas por la Presidenta o el Presidente de la República, luego del proceso de veeduría e impugnación ciudadana, correspondientes.
Según la reforma aprobada, las ternas propuestas estarán conformadas respetando la alternabilidad entre hombre y mujeres y bajo el principio de interculturalidad.
La propuesta alcanzó una votación de 64 votos afirmativos, 41 negativos, dos blancos y nueve abstenciones.
Ley de Servicio público no conculca derechos de militares y policias
La presidenta encargada de la Función Legislativa, Irina Cabezas, destacó que el artículo 115 de la Ley de Servicio Público recoge importantes beneficios para las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpo de Bomberos, como el pago de horas extras, en reconocimiento al esfuerzo y sacrificio que realizan por el país.
Enfatizó que se ha dado una mala información y, como tal, se ha generado desinformación respecto a los derechos de los uniformados, lo que, lamentablemente, derivó en una protesta de una minoría de la Policía Nacional que puso en riesgo la institucionalidad del Ecuador y la vigencia plena de la democracia.
Es inaceptable que la actitud de malos elementos policiales haya provocado una conmoción nacional, que puso en riesgo la vida del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, descuidando su obligación constitucional, moral y legal de precautelar la seguridad de la ciudadanía, precisó.
Explicó que para esta víspera se convocó a la sesión 62 a fin de solventar el tema, pero en vista de que no existían las garantías y la seguridad para el primermandatario, ya que a esa hora no había sido liberado, se vio en la obligación de suspender dicha convocatoria. Es más, bajo presiones o chantajes la Asamblea no va a sesionar, agregó.
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La asambleísta Irina Cabezas llamó al orden a quienes se insubordinaron y que se informen bien sobre el contenido del proyecto de Ley de Servicio Público, pues no se puede seguir mal informando a la ciudadanía. Los policías son conciudadanos y compañeros nuestros a quienes no se les va a quitar ningún derecho o consideración que han tenido, subrayó.
Asamblea analiza los hechos ocurridos el 30 de septiembre; rindió un minuto de silencio en memoria de los ciudadanos caídos en la revuelta
Con un minuto de silencio en memoria de los militares, policías y un civil, caídos en el operativo de rescate al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, retenido en el Hospital de la Policía, el pasado 30 de septiembre, se inició la sesión 63 del Pleno de la Asamblea.
De inmediato, el titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, justificó la custodia de la sede Legislativa por parte de la Policía Militar Ministerial, para prestar las garantías necesarias de seguridad para el normal desarrollo de las acciones parlamentarias, una vez que como consecuencia de los hechos registrados en la Asamblea el jueves anterior, cuando se impidió el ingreso de los legisladores, algunos de los cuales fueron vejados y agredidos, sin que los efectivos policiales hicieran nada para impedirlo, se inició un proceso de reorganización de la Escolta Legislativa.
Explicó que esta medida tiene un carácter temporal y que al mando de la Policía Militar están oficiales de probada calidad profesional, quienes colaboraron con al seguridad de las instalaciones de la Asamblea Constituyente, en Montecristi.
Antes de iniciar con el tratamiento del segundo punto del Orden del Día: Análisis y resolución de los hechos acaecidos el 30 de septiembre, Cordero presentó un video de tres minutos y medio, que recogían las principales imágenes de la situación que se vivió al interior de la Asamblea Nacional. Acto seguido, recomendó a los asambleístas que procuren intervenir en forma coordinada en las diferentes bancadas, a fin de evitar que el debate sea demasiado prolongado y se pueda dar al país una respuesta institucional en torno a la crisis de la semana anterior.
Escribamos páginas sensatas
El asambleísta Paco Moncayo (Alianza Libertad), tras indicar que lo acontecido el pasado jueves demostró que existe una falla en todos los sistemas de seguridad, que deben ser corregidas inmediatamente, invitó a los asambleístas de todas las bancadas a evaluar los hechos sin ningún tipo de apasionamiento y a partir de este problema, comenzar a escribir nuevas páginas sensatas para que la Asamblea vuelva a ser el espacio democrático en donde se pueda construir consensos y administrar los disensos, para legislar y fiscalizar en función de los intereses del país.
No hubo protesta
De su lado, el legislador Francisco Velasco (PAIS), subrayó que no hubo solo un acto de protesta, sino una conspiración para terminar con la vida del Presidente de la República, llegando al extremo de que las fuerzas del orden utilizaron las armas para atentar contra la ciudadanía, cuando esas armas les entregó la sociedad ecuatoriana para que brinden seguridad y presten servicio a favor del pueblo. “No hubo protesta, ni se justifica, porque este Gobierno ha sido el que más ha apoyado a la Policía, no solo en incrementos de salarios, sino en equipamiento básico para que pueda cumplir con su misión fundamental se garantizar el orden público”, añadió.
No se habrían producido muertes
La asambleísta Cynthia Viteri (Madera de Guerrero) aseguró que el país no habría tenido que llorar a ocho muertos, si es que el Presidente de la República no hubiera entrado a la fuerza al Regimiento Quito para desafiar a los manifestantes. Dijo que la Asamblea tiene que emitir un pronunciamiento, pero sobre la base de la verdad.
Hemos perdido todos
Entre tanto, el asambleísta Fernando Aguirre (PSP) consideró que en esta insubordinación no hubo vencedores ni vencidos. “Hemos perdido todos los ecuatorianos que tuvimos que pasar por una vergüenza internacional, al no ser capaces de solucionar una crisis que fue mal manejada, desde todo punto de vista”. Expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos, víctimas de estos hechos, al señalar que causa dolor que haya existido un enfrentamiento entre policías y militares, producto de un estado de excepción, que no reparó siquiera en los convenios de Ginebra que reconocen a los hospitales como áreas neutrales en un conflicto.
Se visibilizó el golpismo
Para el legislador César Rodríguez (PAIS), el 30 de septiembre se visibilizó el golpismo y la desestabilización que está en marcha en nuestro país, producto del cual la Asamblea Nacional fue mancillada por un grupo de policías que traicionaron el mandato de servir y proteger para transformarse en encapuchados que cobardemente agredieron a los asambleístas y a la ciudadanía. “Ecuador necesita verdades, que nos quitemos las caretas, que se den explicaciones de la actuación de algunos legisladores que apoyaban la revuelta. Este es un proceso de cambio que lo vamos a defender en todos los campos, pero con la verdad”, dijo, al proponer un proyecto de resolución por el cual se condenen estos hechos y se genere un clima de reconciliación nacional.
Movilización social
A criterio de Jorge Escala, representante del Movimiento Popular Democrático, los hechos que se vivieron el pasado jueves son fruto de la movilización social que ha empezado a surgir en el Ecuador para pedir rectificaciones por parte de un gobierno indolente. “Una protesta social jamás puede ser considerada como un golpe de Estado, menos aún cuando no se planteó el derrocamiento del presidente Correa”, enfatizó. Escala conformar una comisión multipartidista para que investigue los pormenores de la revuelta.
Un pueblo unido
Marisol Peñafiel, asambleísta de PAIS, tras destacar que en la actual democracia que vive el Ecuador la oposición tiene la posibilidad de opinar para consensuar, pero no con imposiciones ni con el uso de la fuerza de las armas, subrayó que el intento de golpe de Estado no se concretó gracias a la actitud de un pueblo que se manifestó unido en defensa de la institucionalidad, así como por el decidido apoyo de la comunidad internacional que no admite que en la región se dé un nuevo proceso como el de Honduras.
Un antes y un después
El asambleísta Cléver Jiménez (PK) dijo que es necesario investigar, a través de una comisión, que sucedió realmente el 30 de septiembre, y determine quiénes fueron los culpables. “Hay un antes y después del 30 de septiembre y el país debe conocer la verdad”, puntualizó.
Son dos hechos condenables
Entre tanto, Vicente Taiano (PRIAN) aseguró que en los sucesos del 30 de septiembre hay dos hechos condenables: la insubordinación injustificable de un grupo de policías que equivocaron su protesta; y, la actitud prepotente de un Jefe de Estado. Pidió al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, convoque al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, para que explique por qué se produjo esta sublevación.
Xavier Tomalá
En Alianza País hay un deseo de fortalecer la democracia
Durante dicha reunión que se realizó ayer en Carondelet, Tomalá pidió respeto para los asambleístas manifestando que “no se puede aceptar las diversas exposiciones en los considerandos de los vetos que hablan repetitivamente de “errores” en el proyecto aprobado por la Asamblea, ya que la mayoría de los artículos vetados obedecen a la decisión del Ejecutivo de precisar en la Ley las atribuciones de la Secretaría de Educación Superior que nosotros habíamos determinado debían contar en el reglamento correspondiente”, afirmó Tomalá.
Observó además varios de los vetos enviados por el Ejecutivo, como por ejemplo los que tienen que ver con el cogobierno, pues considera que el voto de los estudiantes y de los trabajadores para elegir a sus autoridades no debe ser disminuido, mucho más hoy cuando se veta también la elección por voto universal de los decanos y más miembros de los consejos superiores de las universidades y escuelas politécnicas del país.
Asimismo, Tomalá expuso su preocupación por cuanto en el veto no se exige requisitos para los miembros, designados por el Ejecutivo, para conformar el nuevo Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, lo que fue acogido por el Presidente de la República quien expresó que los seis miembros deben reunir los mismos requisitos que para ser rector.
En cuanto a la nueva evaluación de las universidades, que dispone el veto de la Primera Disposición Transitoria del proyecto de Ley, Tomalá consideró que es “inconstitucional” el hecho de que se haga una nueva evaluación a las instituciones que han obtenido su evaluación y acreditación a partir de la vigencia de la nueva Constitución. Como también es inconstitucional el que se fije plazos para dicha evaluación cuando la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución señala expresamente los plazos para dicho proceso.
Entre otros temas, Tomalá planteó su preocupación porque el veto elimina el registro de los títulos en los organismos directivos del sistema de educación superior, la exclusión de los profesores titulares auxiliares agregados del beneficio del año sabático, la limitación de la capacitación únicamente para los docentes de las universidades públicas y no para los docentes de las instituciones privadas y el incremento de 40 a 60% de profesores a tiempo completo, considerando que el profesor de la universidad ecuatoriana precisa de un espacio de tiempo para desarrollar funciones en la sociedad inherentes a su profesión con lo que adquiere diariamente conocimientos prácticos que complementan su capacidad docente en beneficio del proceso enseñanza - aprendizaje.
Según Tomalá, el proceso de análisis y resolución sobre los vetos, en especial los de la Ley de Educación Superior, no ha concluido ya que un proceso para elaborar una de las leyes más importantes propulsoras del cambio para el desarrollo del país no finaliza con la aprobación de dicha Ley. “Luego de la aprobación de la Ley de Educación Superior ésta podrá ser sometida a reformas”, concluyó Tomalá.
Asambleísta Jimmy Pinoargote se reunión con secretario de SENAGUA
En esta reunión de trabajo también estuvo presente el Ing. Patricio Vargas Técnico de la SENAGUA. El Secretario de la SENAGUA comprometió su gestión y apoyo para posibilitar acciones a favor de la provincia.
Borrador final del código de planificación y finanzas públicas en conocimiento de la asamblea
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| Patricio Rivera Ministro de Finanzas |
Este pronunciamiento lo emitieron los funcionarios de Estado en la reunión con el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, los jefes de bloque y los miembros de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, en el Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional.
Cordero señaló la necesidad de establecer estos espacios de diálogos abiertos con el gobierno y las diversas bancadas políticas, a fin de planificar los tiempos para la aprobación de los cuerpos normativos.
De su lado, María Belén Moncayo señaló que en el capítulo de planificación del anteproyecto se sistematizan las observaciones y comentarios de los asambleístas que realizaron en la primera ronda de conversaciones, a la vez que trabajaron en la visión que tienen los gobiernos autónomos descentralizados respecto de los procesos de planificación donde se respeta su autonomía y competencias, pero se fortalecen sus capacidades, por tanto, se propone establecer mecanismos de coordinación que permitan tener una relación articulada, complementaria y solidaria desde el gobierno central con los niveles descentralizados.
El asambleísta Richar Guillen pidió a los representantes del gobierno entregar el borrador final del proyecto, a fin de estudiarlo y poder emitir criterios fundamentados sobre esta materia; mientras que Paco Moncayo solicitó que se de a conocer cuáles son las observaciones que fueron acogidas de los parlamentarios y de otras instituciones, para conocer sus avances.
Consideraron que el tema no debería ser enviado como económico urgente, sino que se lo tramite de forma ordinaria, tomando en cuenta que primero se debería conocer el contenido del veto parcial del Ejecutivo al Código Orgánico de Organización Territorial, Gobierno Autónomos y Descentralización (Cootad), ya que los cuerpos legales tienen relación directa.
Mientras tanto, Patricio Rivera manifestó que existe toda la predisposición del gobierno para que la este proyecto de ley sea tratado y discutido entre las dos Funciones del Estado, a la vez que subrayó la necesidad de aprobar el texto lo antes posible a fin de que entre en vigencia a partir de enero del próximo año y así eliminar los errores que al momento tiene la Ley de Finanzas Públicas.
indicó que este Código estará en completa relación con el Cootad, ya que son cuerpos normativos que se complementan y están dirigidos a mejorar la planificación y el manejo de los recursos públicos, que son utilizados por los diferentes sectores involucrados, y sobre todo por los gobiernos autónomos descentralizados, en donde se establece la planificación presupuestaria cuatrianual, pues el objetivo es que los proyectos y programas no se queden paralizados al final de cada año, sino que tengan continuidad.
ASAMBLEÍSTA XAVIER TOMALÁ PRESENTÓ INFORME DE LABORES
El abogado Xavier Tomalá Montengro hizo la rendición de cuentas sobre su labor en la Asamblea Nacional por el periodo 2009 - 2010, para eso utilizó las instalaciones del canal peninsular Brisa TV. donde se dieron cita autoridades locales entre las que pudimos observar a la gobernadora Dra. Noralma Zambrano, el gerente de Aguapen Ing. Manuel Váscones, el Ing. Víctor Manuel Ramírez, gerente de CNEL regional Santa Elena, entre otras autoridades y simpatizantes.
La ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constituyente No10. Ley Orgánica Derogatoria y Reformatoria de La Ley Orgánica de Régimen Provincial, Ley Reformatoria al Cógico Penal, Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos de los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y Prendas Especiales de Comercio, Ley de Participación Ciudadana, Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión de la Verdad, Ley de Educación Superior, Ley del Código Territorial, entre otras. Además añadió su participación en los diferentes ámbitos sociales, económicos, educativos y de deportes para aunar esfuerzos por el desarrollo en estas áreas de entidades provinciales.
Luego se abrió un panel de preguntas sobre variados temas que fueron promovidos por los comunicadores Karina Von Lipke de Brisa TV., Joffré Paredes de Radio Amor, Alonso Suárez de Radio Récord, Leonardo Rivadeneira del periódico LA PRIMERA y contestada por el Asambleísta Xavier Tomalá. Diferentes fueron las inquietudes planteadas por los panelistas, tocaron el tema de la Ley de Educación Superior donde el asambleísta Xavier Tomalá ha tenido una intervención directa para la promulgación de esta ley.
Aspectos importantes sobre la Ley de Hidrocarburos, la Ley del Turismo que beneficie a Santa Elena. Tomalá, respondió que Santa Elena se va a beneficiar de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley del Código Territorial y sobre el turismo manifestó que ha enviado una comunicación al actual ministro Freddy Hellers para sacar conclusiones claras sobre esta área importantísima y futuro potencial de ingreso económico para el país.
Inquirido sobre la calificación a la UPSE, mencionó su labor en la universidad y cuestionó a Villavicencio del CONEA, por la calificación de la UPSE.
Como mensaje expresó que es hora seguir adelante y no sentirse culpables de estudiar y laborar en una institución que apenas tiene 12 años de formada con un presupuesto no tan halagador, que los estudiantes la UPSE deben considerarse como integrantes una gran universidad porque la calificación del CONEA quedó sin efecto.
En infraestructura física la UPSE está mucho mejor que otras universidades que tienen más tiempo de existencia.
SE FIRMÓ COMPROMISO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHÍ
Los signatarios del presente documento concuerdan de forma general que la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero es el foro idóneo para el seguimiento de las actividades de las diferentes instituciones del gobierno para enfrentar el problema de contaminación del río Cutuchí y los efectos que ello genera en la población, en el marco de sus competencias constitucionales,
Por eso se pretende trabajar conjuntamente con las comunas, pueblos, nacionalidades y en general la población afectada
ASAMBLEÍSTA VANESSA FAJARDO Y SU RENDICIÓN DE CUENTAS
La misa de acción de gracias se llevará a efecto en la Iglesia matriz de Santa Elena, el jueves 19 de agosto a las 16h00.
Posteriormente en el Museo "Amantes de Sumpa" de Santa Elena a las 17h00 presentará su rendición de cuentas. La asambleísta Vanesa Fajardo está trabajando no solo para la provincia desde función de su fiscalización si no también a nivel del país aportando y debatiendo los diferentes artículos de ley, cabe resaltar que ella formó parte principal del proyecto de ley de hidrocarburos y que fue aprobada
La asambleísta Vanessa Fajardo Mosquera es parte del partido de gobierno y recientemente estuvo en un seminario para captar juventudes para la lista 35.
SE APROBÓ LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SEGUNDO DEBATE
La propuesta fue aprobada con 63 votos afirmativos, 47 negativos, un blanco y 12 abstenciones. La resolución quedó en firme, luego que la moción de reconsideración fue negada, de modo que en 48 horas el texto será enviado a la Presidencia de la República para la sanción u objeción en el plazo de 30 días, de conformidad con lo que dispone la Constitución.
Previamente, la Asamblea negó las mociones presentadas por la oposición. La primera auspiciada por el MPD y Pachakutik que buscaba que el proyecto, antes de su votación, sea sometido a consulta prelegislativa; y, la segunda, presentada por Andrés Páez, para que el texto sea votado artículo por artículo y en forma nominal.
De inmediato, el presidente de la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Raúl Abad, destacó que se han acogido muchas de las sugerencias de la academia, del CONESUP y de los asambleístas de diversas fuerzas políticas. Ha sido un trabajo de muchas horas que permitió recoger 48 puntos propuestos por la universidad.
Hoy queremos ver si son o no son amigos de la academia; que no se diga que PAIS ha obstruido o que no quiere el cambio, enfatizó el asambleísta, al recordar que desde el CONESUP y los rectores nunca que se dijo que el proyecto rompía la autonomía.
Explicó que en el texto alternativo se recogen varias propuestas, como por ejemplo que las universidades que obtuvieron menos de 54 puntos en la calificación del CONEA y CONESUP sean evaluadas, ya no en el plazo de un año, sino de 18 meses, al tiempo que aseguró que hoy es un día histórico para la educación superior del país.
El proyecto regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas y establece las correspondientes sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.
El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, integralidad y autodeterminación del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
La propuesta fue discutida, en segundo debate, entre los días 22, 24 y 29 de junio, en cuyas jornadas de trabajo intervinieron 84 asambleístas.
REFORMAS A LEY ORGÁNICA PASARON A PRIMER DEBATE
Durante el debate, en el que intervinieron 40 asambleístas, se hicieron observaciones en torno a los mecanismos y procedimientos para la convocatoria y realización de la consulta prelegislativa que, por mandato constitucional, debe ejecutarse cuando se trate de un proyecto que podría afectar los derechos colectivos.
De conformidad con la normativa legal vigente, una vez terminado el primer debate, los asambleístas pueden presentar observaciones por escrito durante los próximos tres días ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que le corresponde elaborar el informe para segundo debate.
Con respecto a la consulta prelegislativa se propuso que entre los consultados, a más de las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, afro y montubio, se incluya a las comunas y se determinen con claridad las bases, mecanismos y procedimientos para su realización en forma expedita, fácil, transparente y ágil para que no se retarde el tratamiento de las leyes.
El proyecto, que recoge propuestas de ocho asambleístas, fue objeto de varias observaciones, especialmente en lo que tiene que ver con los plazos y procedimientos para garantizar que los funcionarios y autoridades de las diversas funciones e instituciones del Estado presenten la documentación e información que es requerida por la Asamblea, las comisiones o los legisladores.
Otras de las preocupaciones se refieren al procedimiento que prevé la ley para sustanciar las solicitudes de juicio político a los funcionarios que son susceptibles de control político. Sugirieron que estas peticiones pasen a conocimiento del Pleno para la resolución final.
Se planteó que no solo el Presidente de la Asamblea tenga atribuciones para convocar a sesiones del Pleno y que se permita la autoconvocatoria por la mayoría de sus integrantes; que el orden del día pueda ser modificado por mayoría simple.
Se trató la conformación de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, la forma de aprobación de las leyes, la inasistencia a las sesiones y las sanciones a los asambleístas.
Adicionalmente, se planteó que se revise la atribución que tienen actualmente los presidentes de las comisiones o los asambleístas ponentes de posproyectos para aceptar o no las observaciones que se presenten durante los debates.
